Investigación contra Carlos Torres se amplía, Netza Jáuregui y Julieta Ramírez entre los involucrados

La confirmación pública de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, sobre la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de su exesposo, Carlos Torres Torres, abrió una grieta que ya no se limita al ámbito personal ni a una denuncia “anónima”, como él mismo intenta minimizar. Por el contrario, el caso comienza a exhibir un entramado político más amplio que alcanza a figuras estratégicas del actual grupo gobernante en la entidad.

Carlos Torres, exfuncionario honorífico del gobierno estatal, es investigado por presuntos vínculos con Los Rusos, una facción del Cártel de Sinaloa, así como por posibles delitos de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero. La carpeta de investigación —revelada por N+ Focus— señala incluso pagos mensuales de hasta 150 mil dólares para permitir la operación del grupo criminal en Mexicali, una acusación de enorme gravedad que desborda cualquier intento de desestimarla por su origen anónimo.

Pero la indagatoria no se detiene ahí. Fuentes federales y reportes periodísticos apuntan a que la FGR también sigue líneas de investigación que involucran a Carlos Torres por posibles nexos con redes de huachicol fiscal, un delito que ha causado pérdidas millonarias al erario y que, en Baja California, ha sido señalado como un negocio protegido desde las altas esferas del poder político.

En ese contexto, el nombre de Nezahualcóyotl Jáuregui, actual secretario del Bienestar en Baja California, aparece como una pieza clave bajo escrutinio, debido a su cercanía política y operativa con Torres. A esto se suma la figura de la senadora Julieta Ramírez, pareja del funcionario federal y una de las voces más visibles de Morena en la entidad, quien también ha sido mencionada en investigaciones periodísticas previas por presuntos vínculos indirectos con estructuras de poder hoy cuestionadas.

Aunque hasta el momento no existen imputaciones formales en su contra, la coincidencia de nombres, relaciones políticas y áreas estratégicas bajo investigación vuelve inevitable la pregunta: ¿se trata de hechos aislados o de una red de protección política que permitió la operación de estructuras criminales y financieras ilegales?

Marina del Pilar ha intentado acotar el impacto político del caso al subrayar que confía en la FGR y que la investigación corresponde a un periodo y a una esfera ajena a su gobierno. Sin embargo, su reconocimiento de que “todos conocían” el expediente desde hace semanas deja al descubierto un silencio institucional que hoy resulta incómodo y políticamente costoso.

La respuesta de Carlos Torres, reduciendo la investigación a un “procedimiento protocolario” por una denuncia sin rostro, contrasta con la magnitud de los señalamientos y con el hecho irrefutable de que la FGR mantiene abierta una carpeta de investigación federal, algo que no ocurre por ocurrencias ni rumores de redes sociales.

Mientras Morena insiste en un discurso de combate a la corrupción y a la delincuencia organizada, el caso Baja California se perfila como una prueba crítica: si la justicia avanza sin distingos o si, una vez más, el poder político intenta blindarse tras el argumento de la persecución y la victimización.

El expediente sigue abierto. Y con él, la presión pública para que las investigaciones no se queden en la superficie ni se sacrifiquen en el altar de los intereses políticos.

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