Nezahualcóyotl Jáuregui, Julieta Ramírez y Carlos Torres, cada vez más cercanos a la red de huachicol fiscal bajo investigación federal

Nuevos elementos integrados a la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) endurecen los señalamientos en torno a Nezahualcóyotl Jáuregui Santillán, secretario de Bienestar en Baja California; su pareja, la senadora de Morena Julieta Ramírez Padilla; y el exfuncionario Carlos Alberto Torres Torres, quienes aparecen mencionados de forma reiterada en indagatorias por huachicol fiscal, lavado de dinero y control ilegal de aduanas que abarcan el periodo 2021–2024.

Investigación Especial | 6 de Enero de 2026

De acuerdo con fuentes con conocimiento directo del expediente, la FGR incorporó registros financieros, análisis de transferencias, comunicaciones y vínculos societarios que refuerzan la hipótesis de que la presunta red no solo introducía combustible de manera ilegal, sino que contaba con un esquema sistemático para extraer, dispersar y ocultar recursos, aprovechando relaciones políticas de alto nivel.

El dinero y los contactos: la ruta que investiga la FGR

Según estas fuentes, contactos cercanos a la senadora Julieta Ramírez Padilla son analizados por la autoridad como piezas clave para la salida del dinero, mediante empresas intermediarias, vinculadas a sus operadores financieros Armando Carrasco y su compadre Oscar “El Guero García, quienes realizaban movimientos a cuentas de terceros y operaciones fragmentadas diseñadas para dificultar el rastreo financiero. La investigación busca establecer correspondencias temporales entre estos movimientos y los picos de actividad del huachicol fiscal detectados en aduanas y recintos fiscales de Baja California, en particular el recinto fiscal 289.

Los nuevos indicios también robustecen la línea de investigación sobre el presunto uso de la Secretaría de Bienestar en Baja California, encabezada por Nezahualcóyotl Jáuregui, como canal para simular compras millonarias destinadas a programas sociales. De acuerdo con testimonios protegidos ya integrados al expediente, dichas operaciones carecían de respaldo material y habrían servido para redirigir recursos hacia cuentas vinculadas a Carlos Torres Torres y, según el dicho del testigo, a Adán Augusto López Hernández.

Operadores financieros y simulación institucional

La FGR profundiza en el papel de operadores financieros señalados como ejecutores de operaciones simuladas, presuntamente coordinadas para blanquear recursos y aprovechar coberturas institucionales. Los investigadores analizan el grado de conocimiento, coordinación y beneficio de cada uno de los personajes mencionados, así como posibles omisiones deliberadas que habrían permitido la operación prolongada del esquema.

Redes de protección y alianzas políticas

Otro frente que se ha endurecido es el de las redes de influencia y protección política. La autoridad revisa si alianzas personales y partidistas, particularmente la cercanía política entre Julieta Ramírez Padilla y el senador Adán Augusto López Hernández, derivaron en gestiones, advertencias o márgenes de protección informal para la red. En ese contexto, los expedientes consignan versiones según las cuales Nezahualcóyotl Jáuregui habría operado políticamente en favor de Adán Augusto López durante el proceso interno de Morena de las corcholatas, un elemento que la FGR evalúa en clave de posibles beneficios cruzados, sin que ello constituya aún imputación penal.ce nacional.

Carlos Torres Torres, el eje bajo presión

Para la Fiscalía, Carlos Alberto Torres Torres continúa como uno de los nodos centrales del entramado. Su citatorio como imputado, las investigaciones binacionales, la revocación de visas y los aseguramientos millonarios de combustible refuerzan la tesis de que el esquema trascendió lo local y operó con capacidad logística, financiera y política.

Un caso que escala a nivel nacional

Con la incorporación de estos nuevos elementos, la FGR considera que el caso rebasa el ámbito regional y presenta ramificaciones nacionales, por lo que mantiene coordinación con autoridades de Estados Unidos para rastrear el origen del combustible, los cruces fronterizos y el destino final del dinero.

Hasta ahora, ninguno de los señalados ha sido sentenciado y todos conservan su derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, la acumulación de testimonios, documentos financieros y análisis de vínculos coloca a Nezahualcóyotl Jáuregui, Julieta Ramírez y Carlos Torres en el centro de una de las investigaciones más sensibles sobre huachicol fiscal y corrupción político-institucional en Baja California, con consecuencias potenciales de alcance nacional.