Propuestas de reforma electoral buscan eliminar plurinominales y recortar financiamiento a partidos

Más de la mitad de las casi 400 propuestas presentadas ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral plantean cambios de fondo al sistema de representación política y al financiamiento de los partidos, con especial énfasis en la eliminación o reducción de los legisladores plurinominales y en la disminución de recursos públicos destinados a las fuerzas políticas.

Desde octubre pasado, la comisión inició audiencias públicas para recabar opiniones de ciudadanos, especialistas e instituciones interesadas en contribuir al rediseño del sistema electoral. De manera paralela, se habilitó una ventanilla para recibir propuestas por escrito, que hasta el pasado fin de semana sumaban 383 iniciativas, aunque aún faltaba actualizar el portal oficial con algunos documentos recientes.

De acuerdo con el análisis preliminar, al menos 51 propuestas solicitan modificaciones directas a la asignación de diputaciones y senadurías plurinominales, principalmente con el objetivo de reducirlas o eliminarlas por completo. En tanto, al menos 21 iniciativas plantean de forma explícita la reducción del financiamiento público a los partidos políticos.

El debate sobre la representación proporcional ha generado posturas encontradas. El académico Arturo Carrasco recordó que los plurinominales surgieron para evitar la sobrerrepresentación de mayorías y garantizar la inclusión de minorías políticas, por lo que los consideró un mecanismo de equilibrio democrático. En ese sentido, propuso modelos alternativos como el utilizado en la Ciudad de México o la asignación a los mejores segundos lugares por región, propuesta que también respaldó el magistrado Paulino Jaimes Bernardino.

En contraste, participantes como Joel Reyes, Israel de la Cerda y Ari Trujeque se pronunciaron por eliminar esta figura y exigir que todos los legisladores obtengan su cargo mediante el voto directo en distritos.

En cuanto al financiamiento, las propuestas coinciden en la necesidad de reducir significativamente los recursos públicos, promover campañas menos costosas, limitar la publicidad electoral y avanzar hacia procesos electorales más austeros.