SCJN recula tras críticas: no usará flotilla de camionetas de lujo y apela a la “debida austeridad”

La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no utilizar la nueva flotilla de camionetas blindadas de lujo adquirida recientemente, luego de una oleada de críticas públicas por el gasto millonario en un contexto de exigencia social de austeridad en el servicio público.

El presidente del máximo tribunal, ministro Hugo Aguilar, confirmó que los nueve vehículos —con un valor aproximado de 1.7 millones de pesos cada uno— no serán utilizados por los ministros, pese a que la compra fue justificada inicialmente bajo argumentos de seguridad.

La adquisición fue confirmada por la propia Corte el pasado 22 de enero, cuando señaló que las unidades respondían a necesidades de protección para los integrantes del Pleno. Sin embargo, la reacción pública obligó a replantear la decisión y a anunciar que los vehículos permanecerán sin uso mientras se define su destino final.

En conferencia de prensa este lunes 26 de enero, Aguilar sostuvo que “la austeridad no es un acto simbólico”, al tiempo que defendió que la seguridad de los jueces es una prioridad que no puede ponerse en riesgo. Afirmó que la Corte actúa con autonomía y negó que la decisión tenga motivaciones políticas.

El ministro explicó que desde 2010 existe una política institucional para dotar de vehículos blindados a los ministros. Detalló que al inicio de la actual administración se contaba con una flotilla compuesta por 30 Suburban y nueve camionetas Jeep, modelos 2019 a 2021, muchas de ellas en condiciones mecánicas deficientes y con blindajes vencidos.

Según el diagnóstico presentado, en un periodo de cuatro meses varias unidades quedaron varadas, presentaron fallas en el motor, el sistema de tracción y problemas derivados del peso del blindaje, lo que motivó la compra de nuevos vehículos.

No obstante, ante el señalamiento público por el costo y el carácter ostentoso de las unidades, la Corte optó por no utilizarlas. Aguilar informó que continuará el proceso de desincorporación de 21 vehículos antiguos para su venta y que los nuevos podrían ser puestos a disposición de jueces que enfrenten mayores riesgos o ser desincorporados conforme a la ley.

El episodio vuelve a colocar a la Suprema Corte en el centro del debate sobre el uso de recursos públicos y el significado real de la austeridad en las instituciones del Estado, una discusión que trasciende el discurso y se mide, inevitablemente, en decisiones concretas.