Washington aprieta: investigan a senadores de Morena y les retiran visa

La presión de Washington sobre la clase política mexicana escaló a un nuevo nivel y ahora apunta directamente al Senado. De acuerdo con versiones publicadas por El Universal, autoridades estadounidenses mantienen bajo investigación a dos senadores y una senadora de Morena por presuntos vínculos con personajes ligados al crimen organizado, en una señal que comienza a sacudir las estructuras del oficialismo.

A diferencia de otros casos donde el retiro de visas ocurrió de forma discreta y casi inmediata, esta vez la estrategia sería distinta: esperar a que los legisladores crucen territorio estadounidense para interrogarlos antes de decidir si se les cancela el visado, se les regresa a México o incluso enfrentan una posible retención migratoria.

El mensaje político es demoledor. Washington parece haber dejado atrás la etapa de advertencias diplomáticas para entrar a un terreno más agresivo donde la sospecha sobre actores políticos mexicanos comienza a traducirse en acciones concretas.

El escenario ocurre bajo el endurecimiento de la política exterior impulsada por Donald Trump, cuya administración ha intensificado la presión sobre México bajo el argumento del combate frontal a los cárteles y sus presuntas redes de protección política. La tensión aumentó todavía más después de que The Wall Street Journal revelara que funcionarios mexicanos temen que Estados Unidos comience a exigir acciones directas contra integrantes de Morena presuntamente relacionados con estructuras criminales.

Las señales ya no son aisladas. Desde 2025, al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos habrían perdido sus visas estadounidenses como parte de esta ofensiva silenciosa. Lo que antes parecía rumor de pasillo hoy empieza a perfilarse como una estrategia sistemática de presión binacional.

Uno de los nombres constantemente bajo sospecha pública es el de Adán Augusto López Hernández, señalado por presuntas irregularidades patrimoniales y por la sombra que dejó el crecimiento del grupo criminal “La Barredora” durante su gobierno en Tabasco. Aunque no existe acusación judicial formal en su contra en Estados Unidos, el tema ha comenzado a perseguir políticamente al coordinador de Morena en el Senado.

En el norte del país, la senadora Julieta Ramírez Padilla también apareció recientemente en versiones relacionadas con una presunta cancelación de visa, situación que la legisladora negó públicamente mientras acusó campañas de difamación en su contra.

Pero quizá el golpe político más fuerte llegó desde Baja California, donde la gobernadora Marina del Pilar Ávila y su esposo Carlos Torres quedaron atrapados en la controversia por la revocación de sus documentos migratorios, en medio de investigaciones periodísticas que apuntaron hacia posibles vínculos con redes de huachicol.

La situación refleja algo más profundo que simples sanciones migratorias: el creciente deterioro de la confianza entre Washington y sectores del poder político mexicano. Porque cuando Estados Unidos comienza a usar las visas como herramienta de presión geopolítica, el problema deja de ser administrativo y se convierte en una señal de desconfianza institucional.

Y en Morena, el tema ya comenzó a generar nerviosismo.